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En el informe Estado de la Población
Mundial de este año se destaca que la igualdad entre hombres
y mujeres y la salud reproductiva son indispensables para que dicha
promesa se plasme en la realidad.
El Proyecto del Milenio, de las
Naciones Unidas, que congrega a más de 250 expertos de todo
el mundo, indica que la desigualdad entre hombres y mujeres es uno
de los principales factores que impulsan la pobreza y la exclusión
social. Esto se debe a que la discriminación realmente despilfarra
el capital humano, al denegar a la mitad de la humanidad el derecho
de plasmar plenamente su potencial. En todo el mundo, hay más
de 1.700 millones de mujeres que están en su etapa de procreación
y productiva, entre los 15 y los 49 años de edad. Las inversiones
destinadas a su educación, su salud reproductiva, sus oportunidades
económicas y sus derechos políticos pueden estimular
el crecimiento y el desarrollo sostenible durante muchas generaciones
venideras.
El informe, titulado La promesa
de igualdad: equidad de género, salud reproductiva y Objetivos
Desarrollo del Milenio, analiza hasta qué punto la comunidad
mundial ha dado cumplimiento a las promesas formuladas a las poblaciones
más empobrecidas y marginadas del mundo. Traza los adelantos,
pone de manifiesto las deficiencias y examina los vínculos
entre pobreza, igualdad entre hombres y mujeres, derechos humanos,
salud reproductiva, conflictos y violencia contra las mujeres y
las niñas. También examina la relación entre
la discriminación por motivos de género y el flagelo
del VIH/SIDA; y describe las vulnerabilidades y los aspectos fuertes
de la mayor cohorte de jóvenes que registra la historia,
además de destacar el papel de importancia crítica
que esos jóvenes tienen en el desarrollo.
Los ODM constituyen una promesa
formulada por los líderes mundiales de encontrar soluciones
a los problemas que abruman a la humanidad. Los ocho objetivos abarcan
desde reducir a la mitad la extrema pobreza hasta abordar el problema
de la mortalidad derivada de la maternidad y contrarrestar la epidemia
de VIH/SIDA, todo ello para 2015. Los ODM, además de establecer
una fecha cierta para alcanzarlos, incluyen una meta -promover la
igualdad entre hombres y mujeres y la habilitación de la
mujer- de importancia crítica para el éxito de los
otro siete objetivos. Si bien el objetivo de lograr acceso universal
a los servicios de salud reproductiva para 2015, convenido en 1994
en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo
(CIPD), no se incluyó explícitamente en los ODM, las
inversiones al respecto se consideran ahora imprescindibles para
alcanzar los ODM.
Mejorar la educación, la
salud reproductiva y las oportunidades económicas de la mujer
son tres intervenciones particularmente estratégicas, necesarias
para la consecución de los ODM. También tiene importancia
crítica eliminar la violencia contra la mujer. Las inversiones
en esas cuestiones pueden arrojar utilidades inmediatas, a más
largo plazo y para las generaciones venideras. Además, la
mayor participación política y la mayor rendición
de cuentas sobre la equidad de género contribuirán
a asegurar que se otorgue a esas inversiones la atención
prioritaria que merecen.
EDUCACIÓN.
La educación para todos es fundamental en cualquier sociedad.
No obstante, es excesivo el número de niños, especialmente
niñas, que debido a la pobreza siguen careciendo de educación.
Pese a las evidentes pruebas de que la educación de las niñas
y, en particular, la educación secundaria, revisten importancia
crítica para la reducción de la pobreza y el desarrollo,
el mundo no ha alcanzado el ODM de eliminar las disparidades de
género en la educación primaria y secundaria para
2005.
Actualmente, hay 600 millones
de mujeres analfabetas, en comparación con 320 millones de
hombres analfabetos. Si bien va en aumento el acceso a la educación
primaria, sólo un 69% de las niñas en el Asia meridional
y un 49% en el África al sur del Sahara egresan de la escuela
primaria. A nivel secundario, la discrepancia es aún mayor,
con una matriculación de sólo 47% y 30% en el Asia
meridional y el África al sur del Sahara, respectivamente.
La investigación indica que para las mujeres y las niñas,
la educación secundaria redunda en mejores perspectivas económicas,
mejor salud reproductiva, mayor conciencia sobre el VIH y diferentes
actitudes con respecto a las prácticas nocivas, entre ellas
la mutilación o corte genital femenino. Sus hijos también
se benefician: por cada año de educación de una madre,
disminuyen entre 5% y 10% las tasas de mortalidad de los hijos menores
de 5 años.
SALUD
REPRODUCTIVA. En todo el mundo, según se estima, se
pierden cada año 250 millones de años de vida productiva
a raíz de problemas de salud reproductiva. Los pobres, especialmente
mujeres y jóvenes, son quienes sufren desproporcionadamente
las consecuencias y quienes más se beneficiarían con
un mayor acceso a los servicios de salud reproductiva. La imposibilidad
de determinar cuántos hijos tener y en qué momento
tenerlos limita las opciones en la vida de una mujer. Posibilitar
que las personas escojan libremente la cantidad y el espaciamiento
de sus hijos también redunda en familias más pequeñas,
crecimiento más lento de la población y menor presión
sobre los recursos naturales.
La salud reproductiva puede redundar
en beneficios económicos debido al "dividendo demográfico".
Las menores tasas de fecundidad y de mortalidad significan que es
mayor la proporción de jóvenes que ingresan en su
etapa productiva, con una cantidad relativamente menor de familiares
a cargo. Esta situación, sumada a políticas sociales
y económicas propicias, puede suscitar un aumento del ahorro
y de los recursos disponibles para efectuar inversiones en cada
hijo. Los economistas atribuyen a dicho dividendo el crecimiento
sin precedentes de las economías del Asia oriental registrado
entre 1965 y 1990. En verdad, los investigadores estiman que entre
2000 y 2015, el dividendo demográfico podría reducir
en un 14% la pobreza en el mundo en desarrollo.
DERECHOS
ECONÓMICOS. Los enfoques macroeconómicos tradicionales
y los programas de desarrollo convencionales han dejado de lado
en gran medida las contribuciones económicas de la mujer.
Además de administrar el hogar, muchas mujeres trabajan en
fábricas en condiciones de explotación, en cultivos
agrícolas, usinas, mercados, minas y oficinas, y lo hacen
mayormente en ausencia de políticas, leyes, instituciones
y servicios que las apoyen. Gran parte de su trabajo no se reconoce,
es invisible y no se remunera. Aun cuando las mujeres están
ingresando en la fuerza laboral remunerada en cantidades cada vez
mayores, corren riesgo de despido si quedan embarazadas y, en general,
tienen menos ingreso global y menos seguridad en el empleo que los
hombres. Según el Banco Mundial, en los países desarrollados,
las mujeres ganan 77 centavos por cada dólar que ganan los
hombres y en los países en desarrollo, la proporción
es de 73 centavos.
En los países en desarrollo,
las campesinas se encargan de entre 60% y 80% de la producción
alimentaria, pero muchos gobiernos siguen prohibiendo que una mujer
adquiera o enajene tierras sin el permiso de su esposo. En gran
parte de África al sur del Sahara, las viudas carecen de
derechos a ser propietarias de la tierra o heredar a sus esposos
y las mujeres reciben menos del 10% de todos los préstamos
reservados a los agricultores en pequeñas parcelas, y sólo
el 1% del total del crédito en el sector agrícola.
Las investigaciones del Banco
Mundial sobre algunos países del África al sur del
Sahara comprobaron que podría aumentarse la producción
en hasta un 20% si aumentara el número de mujeres que tienen
igualdad de acceso y de control sobre el ingreso agrícola,
los servicios agrícolas y las tierras. Al abordar la falta
de equidad en las oportunidades económicas, puede elevarse
a las familias y las comunidades por encima de la pobreza.
Uno de los principales logros
del siglo XX fue la elaboración de un nutrido acervo de legislación
internacional que afirma la igualdad de derechos de todos los seres
humanos; no obstante, persiste un problema de gran magnitud: que
las mujeres y otros grupos postergados, especialmente las personas
cuyas vidas quedan constreñidas por la pobreza y la discriminación,
tengan conciencia de sus derechos humanos y los ejerzan. La erradicación
de la extrema pobreza, según lo establecido en los ODM, depende
de la vigencia de los derechos individuales mediante la ampliación
de las oportunidades, las opciones y el poder.
La Convención sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer (CEDAW), 1979, y la Convención sobre los
Derechos del Niño (CRC), 1989, establecieron los criterios
en virtud de los cuales los gobiernos están obligados jurídicamente
a eliminar la discriminación por motivos de género.
Hasta la fecha, 180 países han ratificado la CEDAW. Las conferencias
de las Naciones Unidas celebradas en el decenio de 1990 reforzaron
el marco de derechos de la mujer. En 1993, en la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos celebrada en Viena, se declaró por primera
vez en la historia que los derechos de la mujer son derechos humanos.
Las plataformas surgidas en 1994
en la CIPD y en 1995 en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer
proporcionan planes de acción concretos sobre los derechos
humanos de la mujer y forman las bases de las políticas nacionales
y las reformas legislativas.
Para llevar a la práctica
esos instrumentos es menester introducir cambios en los sistemas
de valor subyacentes, que perpetúan y legitimizan la discriminación.
Si bien muchos países están estableciendo cada vez
más leyes de protección de los derechos de las niñas
y las mujeres, muchas de esas leyes no se aplican debido a una combinación
de inveterados prejuicios de género, insuficientes recursos
y falta de compromiso al respecto. En muchos países, las
mujeres no tienen mayormente conciencia de sus derechos ni de las
leyes que ostensiblemente las protegen.
Los enfoques con sensibilidad cultural
pueden ser eficaces para promover los derechos humanos y la igualdad
entre hombres y mujeres en diversos contextos nacionales y locales.
La experiencia ha demostrado que las comunidades que comprenden
los peligros planteados por ciertas prácticas - entre ellas,
el casamiento en la infancia, la mutilación o corte genital
femenino, o la "purificación" de las viudas- y
que cuestionan dichas prácticas desde el interior de su propia
perspectiva cultural, pueden movilizarse para cambiar las prácticas
o eliminarlas.
Los derechos reproductivos son derechos
humanos y se derivan del reconocimiento de que todos los individuos
tienen derecho a adoptar decisiones sin sufrir discriminación,
coacción o violencia. Entre ellos, es particularmente importante
el derecho a determinar libre y responsablemente el número
y espaciamiento de los propios hijos y el momento de tenerlos, así
como el derecho a disponer de los medios para hacerlo y el derecho
al más alto nivel de salud sexual y reproductiva. Esto también
entraña el derecho de todos los individuos a protegerse a
sí mismos contra el embarazo no deseado y las infecciones
de transmisión sexual, incluido el VIH.
En todo el mundo, los trastornos
de la salud reproductiva son la principal causa de enfermedad y
muerte de las mujeres de entre 15 y 44 años de edad. Aun
cuando son casi completamente prevenibles, un 99% de todas las defunciones
derivadas de la maternidad ocurren en países en desarrollo.
Cada minuto, una mujer muere innecesariamente por causas relacionadas
con el embarazo, de modo que se pierden cada año más
de medio millón de vidas; esto pone de manifiesto la baja
prioridad asignada a las vidas de las mujeres. Además, al
menos 8 millones de mujeres padecen discapacidad y trastornos de
salud a lo largo de toda la vida como resultado de las complicaciones
del embarazo. La muerte de una madre también aumenta los
riesgos de mortalidad de los menores de un año y de los demás
niños. Los recién nacidos tienen probabilidades de
muerte prematura entre tres y diez veces superiores a las de aquellos
cuyas madres sobrevivieron después del parto.
En la CIPD, en 1994, 179 gobiernos
se comprometieron a proporcionar acceso universal a los servicios
de salud reproductiva "tan pronto como sea posible y no después
de 2015".
De esa conferencia surgió el consenso mundial acerca de que
los derechos reproductivos son fundamentales para los derechos humanos,
el desarrollo sostenible, la igualdad entre hombres y mujeres y
la ampliación de los medios de acción de la mujer.
La defunción derivada de la
maternidad prácticamente no existe en los países industrializados.
En ningún otro aspecto de la salud son tan evidentes las
disparidades entre ricos y pobres, tanto dentro de un mismo país
como entre distintos países. Y en ningún otro aspecto
de la salud se demuestra tan claramente el trágico efecto
de la pobreza y la desigualdad de género sobre las vidas
de las mujeres y las niñas. En África al sur del Sahara,
a lo largo de toda su vida, una mujer corre un riesgo de 1 en 16
de morir por complicaciones relacionadas con el embarazo; en los
países industrializados, el riesgo es 1 en 2.800.
El mejor acceso a métodos
anticonceptivos seguros y eficaces es la clave para alcanzar los
ODM. Cada año, solamente en el mundo en desarrollo hay 76
millones de embarazos no deseados; de ellos, 19 millones terminan
en aborto realizado en malas condiciones, una de las principales
causas de defunción materna. Al proporcionar acceso a los
servicios de planificación de la familia sería posible
prevenir los embarazos no planificados, reducir la incidencia del
aborto y reducir las defunciones maternas entre 20% y 35%. En Rumania,
el establecimiento de servicios de planificación de la familia
e información al respecto redundó en una reducción
de la tasa de aborto desde 52 por 1.000 mujeres en 1995 hasta 11
por 1.000 en 1999.
La pobreza, la discriminación
y la violencia tornan a las mujeres y las niñas particularmente
vulnerables a la transmisión del VIH. Cuando surgió
el VIH por primera vez como problema de salud pública, en
el decenio de 1980, la mayoría de los afectados eran hombres.
Actualmente, aproximadamente la mitad de las personas que viven
con el VIH, cuya cantidad se estima en 40 millones, son mujeres
y los mayores aumentos ocurren en los grupos de jóvenes de
entre 15 y 24 años de edad. De todas las personas que viven
con el VIH en África al sur del Sahara, 57% son mujeres y
también son mujeres un 49% en el Caribe. De las nuevas infecciones
con el VIH, las tres cuartas partes se transmiten entre hombres
y mujeres, y muchas veces, del esposo a la esposa.
En 2003, las actividades de prevención
sólo llegaron a un 8% de las embarazadas. Los enfoques sensibles
a las cuestiones de género son fundamentales para frenar
la epidemia y reviste importancia crucial la prevención del
VIH en las mujeres en edad de procrear. Además, a medida
que se propaga el VIH, aumenta al mismo tiempo la necesidad de condones
(preservativos); esto ha conducido a una grave escasez, particularmente
en los países más gravemente afectados por la pandemia.
En 2003, las contribuciones de los donantes sufragaron seis condones
por año y por hombre en África al sur del Sahara.
La actual generación de jóvenes
es la mayor registrada en la historia, pues hay casi 3.000 millones
de personas menores de 25 años; de ellos, un 85% vive en
países pobres y los países más pobres son los
que tienen más altos porcentajes de jóvenes. Entre
estos últimos, más de 500 millones de jóvenes
viven con menos de 2 dólares diarios.
La adolescencia -definida aquí
como el período entre 10 y 19 años de edad- es una
etapa crítica de la vida, una época de oportunidades,
pero también de vulnerabilidades y riesgos. Las niñas
adolescentes corren riesgos especiales de violencia y explotación
sexual, prácticas nocivas, embarazo precoz e infección
con el VIH. Muchas se ven obligadas a abandonar su educación
y permanecer en el hogar para ayudar con las tareas domésticas
y cuidar a sus hermanitos. Y durante los próximos 10 años
habrá 100 millones de niñas que probablemente ya estarán
casadas antes de cumplir 18 años. Cada año, 14 millones
de adolescentes dan a luz y corren riesgos entre 2 y 5 veces superiores
de morir debido a complicaciones del embarazo que las mujeres de
entre 20 y 30 años. Por cada niña que muere de parto,
habrá muchas más que padecerán lesiones, infecciones
y persistente discapacidad, como la fístula obstétrica.
Si bien los varones pueden experimentar
la adolescencia como una época de mayor libertad, también
ellos enfrentan el riesgo de explotación, violencia e infección
con el VIH. Casi la cuarta parte de las personas que viven con el
VIH tienen menos de 25 años de edad y la mitad de las nuevas
infecciones con el VIH afectan a jóvenes de entre 15 y 24
años de edad. En África al sur de Sahara, la cantidad
de mujeres jóvenes que viven con el VIH es 3,6 veces superior
a la de varones de la misma edad infectados con el VIH. En el Caribe,
el Oriente Medio y el África septentrional, un 70% de todos
los jóvenes que viven con el VIH son mujeres; no obstante,
muchas jóvenes tienen un acceso limitado a los programas
de prevención.
Los encargados de formular políticas
y la comunidad internacional se están percatando gradualmente
de la urgencia de efectuar mayores inversiones en los jóvenes,
en su educación, en la adquisición de aptitudes, en
su salud reproductiva y en su empleo. Las decisiones que se adopten
hoy reverberarán durante muchas generaciones futuras.
Las acciones de desarrollo han tendido
a centrarse o bien en los hombres o bien en las mujeres, pero raramente
en unos y otras a la vez. Las alianzas con los hombres son imprescindibles
para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Las normas y estereotipos
de género restrictivos limitan las posibilidades de hombres
y mujeres; la igualdad de género redunda en beneficios para
unos y otras. La epidemia de SIDA pone agudamente de manifiesto
el papel de importancia crítica del hombre: dado que no hay
vacunas ni curas, los cambios en el comportamiento masculino son
fundamentales para prevenir la propagación del VIH. Debido
a que los hombres poseen un poder social y económico preponderante,
suelen adoptar decisiones acerca de la planificación de la
familia, las actividades económicas de sus esposas y el uso
de los recursos del hogar, inclusive los honorarios médicos
y las matrículas escolares. La atención y el apoyo
de un esposo que posee la información necesaria también
mejora los resultados del embarazo y el parto y puede significar
la diferencia entre vida y muerte cuando hay complicaciones y las
mujeres necesitan atención médica sin tardanza.
Las mismas normas de género
que oprimen y perjudican a las mujeres, impiden que muchos hombres
plasmen plenamente su capacidad para atender y cuidar a sus familias
y comunidades y responsabilizarse por ellas. Las normas sociales
que promueven un "ideal" de masculinidad también
pueden alentar a los hombres y los jóvenes varones a adoptar
conductas de alto riesgo, dañinas para ellos mismos y para
los demás. Además, se ha prestado en general muy poca
atención a las necesidades de los hombres en materia de salud
sexual y reproductiva.
En todo el mundo, varias iniciativas
encaminadas a la prevención del VIH, la salud reproductiva
y la eliminación de la violencia por motivos de género,
llegan a grandes cantidades de hombres involucrándolos en
el lugar de trabajo, inclusive instituciones militares y policiales.
Empero, esos programas, en su mayoría, son de poca magnitud
en comparación con el reto de transformar las relaciones
entre hombres y mujeres. Al colaborar con los varones adolescentes
en una época formativa y potencialmente peligrosa de sus
vidas se tiene la mayor oportunidad de inculcarles valores de género
equitativos y alentar a la próxima generación de jóvenes
varones adultos a cuestionar las normas que han denegado los derechos
humanos a sus hermanas, sus madres, sus esposas y sus hijas.
La violencia por motivos de género
no reconoce fronteras, ni económicas, ni sociales ni geográficas.
Los actos de violencia ocurren en todas partes, son perniciosos
y en su enorme mayoría son perpetrados por hombres contra
mujeres y niñas. Esa violencia refleja y refuerza la falta
de equidad de género y menoscaba la dignidad, la autonomía
y la salud de las mujeres en un grado verdaderamente pasmoso. En
todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sido o bien golpeada,
o bien objeto de coacción para entablar relaciones sexuales
no deseadas, o bien objeto de sevicias, a menudo perpetradas por
un miembro de su familia o una persona que ella conoce. La violencia
por motivos de género causa muertes y daños a tantas
mujeres de entre 15 y 44 años de edad como el cáncer.
El precio que se cobra en la salud de la mujer es superior al de
los accidentes de tránsito y el paludismo, combinados. Los
costos para los países - mayores gastos de atención
de la salud, honorarios jurídicos, gastos policiales y pérdidas
en el nivel educacional y la productividad- son inconmensurablemente
altos. En los Estados Unidos, se estima que ascienden a 12.600 millones
de dólares por año.
La violencia por motivos de género
asume muchas formas -tanto psicológicas como físicas-
y abarca la violencia doméstica, la violación, la
mutilación o corte genital femenino, el asesinato "para
preservar la honra" y en relación con la dote matrimonial.
La violencia puede comenzar incluso en el útero, mediante
la selección prenatal en función del sexo, y continuar
más tarde, con el infanticidio femenino, el descuido y los
malos tratos. Como resultado, solamente en Asia hay al menos 60
millones de niñas "desaparecidas".
Cada año, según se
estima, hay 800.000 personas objeto de trata a través de
las fronteras para ser explotadas, en su mayoría en la industria
comercial del sexo. Aproximadamente un 80% son mujeres y niñas.
Hay muchas más reclutadas en su propio país por la
fuerza, mediante engaños, o secuestradas para tener el mismo
triste destino.
Las campañas nacionales contra
la violencia por motivos de género figuran entre las soluciones
"de resultados rápidos" recomendadas por el Proyecto
del Milenio, de las Naciones Unidas. En algunos países, ya
se están realizando actividades al respecto. Dado que la
violencia por motivos de género es tan ampliamente tolerada,
para el éxito de las acciones se requiere, en última
instancia, una transformación social. Para prevenir la violencia
es necesario contar con una efectiva aplicación de las leyes,
un poder judicial robustecido para eliminar la impunidad, una educación
sensible a las cuestiones de género y una movilización
de las comunidades y los líderes de opinión. Es evidente
la necesidad de contar con la colaboración de los hombres,
quienes deben adoptar una firme posición en esta cuestión.
Desde la Cumbre del Milenio, de las
Naciones Unidas, celebrada en el año 2000, han estallado
conflictos en más de 40 países. En el último
decenio del siglo XX, casi 2.000 millones de personas fueron afectadas
por desastres naturales; un 86%, por inundaciones y sequías.
A fines de 2004, un desastre -el maremoto o tsunami en el Asia sudoriental-
arrasó con aldeas enteras y se cobró las vidas de
una cantidad de personas estimada en 280.000, además de desplazar
a otro millón de habitantes.
Después de las guerras y los
desastres naturales, quedan desintegradas las infraestructuras de
atención de la salud y educación, se acrecienta el
riesgo de infección con el VIH y aumenta aceleradamente el
nivel de violencia por motivos de género. De los 34 países
más alejados de los ODM, 22 están o bien sumidos en
conflictos, o emergiendo de ellos.
La naturaleza y el alcance de las
guerras han cambiado, pues va en aumento la cantidad de conflictos
dentro de un mismo país, y no entre distintos países.
Durante el decenio de 1990, de los 118 conflictos armados, la mayoría
fueron conflictos civiles, los cuales tienden a durar más
que los conflictos entre distintos países y se cobran un
alto precio en la población civil. Se registran abusos como
violación, mutilación, matanzas colectivas y reclutamiento
por la fuerza de niños para que presten servicios como combatientes,
esclavos sexuales y "esposas en campamentos". Muchos civiles
se ven obligados a huir de sus hogares y se generaliza la violencia
sexual. De los 35 millones de refugiados y personas internamente
desplazadas del mundo, un 80% está constituido por mujeres
y niños.
Después de un conflicto, la
etapa de reconstrucción da la oportunidad de restaurar el
funcionamiento de las sociedades y abordar las inequidades preexistentes.
En verdad, varios países que han emergido de conflictos están
promoviendo activamente los derechos de las mujeres y los jóvenes,
a fin de prevenir las condiciones mismas que condujeron a agravar
la marginación y el empobrecimiento después de finalizar
el conflicto. Rwanda, con un 49% de sus escaños parlamentarios,
tiene ahora la mayor proporción del mundo de mujeres parlamentarias.
Actualmente, en el primer decenio
del siglo XXI, el mundo tiene la oportunidad de "relegar la
pobreza a la historia". Empero, para lograrlo será necesario
efectuar inversiones bien focalizadas en la habilitación
de las mujeres y los jóvenes; proporcionar acceso universal
a los servicios de salud reproductiva que integren la prevención
del VIH, y fortalecer y transformar los sistemas de atención
de la salud. En África, la proporción entre médicos
y pacientes puede ser de hasta 1 por 10.000, en comparación
con 1 por 500 en los Estados Unidos. En África al sur del
Sahara se necesita agregar 1 millón de agentes de salud a
fin de alcanzar los ODM. Para la consecución de los objetivos
de reducción de la pobreza, tiene importancia crítica
que los sistemas de atención de la salud respondan mejor
a las necesidades de las mujeres, los jóvenes, los indígenas
y otros grupos marginados.
En 2003, los gobiernos donantes destinaron
69.000 millones de dólares a la asistencia para el desarrollo.
Ese mismo año, el gasto militar ascendió aproximadamente
a 1 billón (1.000.000.000.000) de dólares. Frente
a esta disparidad, es evidente que el costo de alcanzar los ODM
es más una cuestión de voluntad y compromiso político
que una de falta de recursos. Considerando lo que puede lograrse,
el costo - 135.000 millones de dólares en 2006, y aumentando
hasta llegar a 195.000 millones de dólares para 2015- es
modesto y asequible.
El momento de actuar es ahora.
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