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EVALUACIÓN TRANSVERSAL



Resumen Ejecutivo

Las políticas públicas para el desarrollo de los jóvenes son una necesidad imperante. No se trata de una elección de los Estados, sino de una obligación para contribuir al desarrollo humano y social de los jóvenes y de la sociedad en su conjunto.

En México, la población juvenil entre 12 y 29 años representa el 32% de la población total; nunca antes en la historia la población mexicana estaba conformada por tantos jóvenes. Esta situación exige garantizar a las y los jóvenes el acceso a servicios de salud, vivienda y educación, así como al empleo digno y a canales de participación en todas aquellas esferas que intervienen en su desarrollo. De las acciones que se emprendan en el presente, dependerá la situación social de México en las próximas décadas.

En este contexto, el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México y Fundación IDEA sumaron esfuerzos para evaluar las políticas y programas enfocados en la juventud en México a través de la investigación Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud. El objetivo general del estudio fue evaluar la política y las intervenciones federales de política pública enfocadas en la juventud mexicana que desde el Gobierno Federal se impulsaron hasta el final del sexenio pasado, en cuanto a su pertinencia, cobertura, efectividad y resultados, respecto de las dimensiones más relevantes para el desarrollo de este importante grupo poblacional.

Para tal efecto, la elaboración del estudio incluyó:

  • el análisis de la normatividad existente en materia de juventud;
  • la realización de un diagnóstico documental sobre el estado y las necesidades de las y los jóvenes en México;
  • la identificación y categorización de intervenciones de política pública a nivel federal que fueran relevantes para su desarrollo;
  • la elaboración de fichas técnicas de cada intervención federal identificada (con información públicamente disponible y con énfasis en las evaluaciones externas existentes);
  • la identificación de áreas de oportunidad; el análisis de buenas prácticas internacionales, y;
  • la emisión de recomendaciones.

Como marco de todo lo anterior, se establecieron cuatro grupos de derechos esenciales de las y los jóvenes y una serie de temas y subtemas para cada grupo:

  • DERECHO A LA SUPERVIVENCIA
  • DERECHO A LA PROTECCIÓN
  • DERECHO AL DESARROLLO
  • DERECHO A LA PARTICIPACIÓN

En total, el estudio identificó 106 intervenciones federales relevantes, desagregadas de la siguiente manera:

  • Cuarenta y un (41) programas operativos con un presupuesto definido, lineamientos o Reglas de Operación y evaluaciones externas;
  • Veinticuatro (24) fondos, con presupuesto definido, lineamientos o reglas de Operación y/o evaluaciones externas, pero que no producen servicios ni entregan apoyos por sí mismos;
  • Cuarenta y un (41) iniciativas o campañas que no necesariamente cuentan con un presupuesto establecido, con Lineamientos o Reglas de Operación, o con evaluaciones).

La revisión de las intervenciones existentes arrojó que:

La política y los programas federales en el tema de juventud están predominantemente sectorizados por lo que existe un desafío muy importante para atender las necesidades de la población juvenil de manera integral y articulada.

El término “programa”, usado por las dependencias federales, no se utiliza de forma homogénea. Se identificaron programas con características distintas, desde intervenciones con presupuesto claramente asignado hasta campañas de información aisladas y únicas.

56% de las intervenciones no cuentan con evaluaciones; 37% de las intervenciones cuentan con evaluaciones básicas, y sólo un número muy reducido (5.7%) cuenta con evaluaciones de impacto.

Las intervenciones de política pública analizadas no suelen contar con mecanismos claros para la participación de las y los jóvenes en su diseño, implementación y evaluación.

El estudio Evaluación transversal: políticas y programas para el desarrollo de la juventud es público y su información incluye el diagnóstico, el análisis sectorial, el listado de buenas prácticas y las recomendaciones.